POLITICA, DIGNIDAD HUMANA Y EDUCACION
Dr. Nelson Campos Villalobos
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Nada es más fácil, en un periodo eleccionario, para los políticos decir que durante su mandato se preocuparán diligentemente de la educación, que la mejorarán y pagarán dignamente a los profesores. Todas esas son y serán mentiras, porque apenas entronizados en sus bien pagados cargos de presidente, senador, diputado o modesto alcalde, se habrán olvidado de sus promesas.
Existe un término apropiado para esta costumbre: falta de voluntad política. Es una carencia moral importante, porque el no hacer nada es una traición a los electores y al futuro de los niños del país. El mundo desarrollado comprendió muy pronto y hace siglos, que la buena educación significa que verdaderamente el niño puede desarrollar sus potencialidades, pues la estimulación intelectual y de la voluntad es lo que los hará libres, los inmunizará contra la cesantía y la pobreza y les proporcionará el ascenso socioeconómico al que tienen derecho. Cuando no se hace así, se burla nada menos que a la Constitución que nos rige, que declara la importancia de la educación para el bien del país.
Algunos políticos hablan constantemente de dignidad humana, de derechos humanos, de la importancia de la educación, pero no es frecuente encontrar a uno solo de ellos que sea consecuente con sus dichos. Mienten porque no tienen idea alguna de lo que están hablando, porque la pobre ideología política que sostienen está diseñada para favorecer a grupos determinados, porque carecen de filosofía del poder, porque el engaño y el aprovecharse de los electores es su triste negocio; porque los maestros han sido dejados solos con la enorme obligación de enseñar a los niños de Chile. El gran negocio en Chile sería poder escoger bien a los que gobiernan
La falta de voluntad política para hacer cambios efectivos en la educación es parte del maltrato de los derechos humanos, que pretenden hacer de la dignidad humana el más alto valor ético en nuestra especie.
Veamos si no es verdad lo que diré a continuación, veamos si hay un solo argumento para decir que nos equivocamos los que estamos indignados con la situación de la educación en Chile. Revisemos algunos argumentos, aplicados a hechos más o menos recientes ocurrido en el país:
Primer argumento: La burocracia estatal en educación está mal elegida, porque no hay ningún concurso, ninguna selección para llegar a ocupar un alto cargo en este sector. Pululan los intrusos profesionales, que sin estar habilitados para el quehacer propio de este ministerio público, suelen exhibir otros títulos no atingentes a un experto en educación. Los verdaderos educadores, aquellos con experticia, están ajenos a los estropicios que a la educación han hecho los intrusos, bien pagados y con licencia para introducir cualquier reforma, cualquier idea insensata sobre lo que se debe hacer. ¿Por qué la educación no funciona y ocupamos uno de los lugares más bajos del mundo en comprensión lectora, en lenguaje y en matemáticas?
Veamos un ejemplo: la que fuera embajadora en Francia es la misma funcionaria del Ministerio de Educación que hace algunos pocos años atrás, estando a cargo de las becas de la educación superior para los estudiantes más pobres del país, llevada por su desconocimiento de las estadísticas y de los procedimientos del método científico, invirtió la escala, dando las becas a los más ricos y dejando a los pobres fuera del beneficio. El gobierno, en lugar de sancionarla, duplicó los recursos para acoger a los que habían sido dejados de lado y para consolar la ineficiencia y premiar a la insensatez, le dio el nombramiento diplomático, seguramente en premio a la persona menos apropiada. En un gobierno verdaderamente democrático tal cosa no habría sucedido. Los políticos tienen el cuero duro, dicen. Esa funcionaria es la misma que cuando le hice ver esos y otros problemas de la educación nacional, me señaló por escrito que este doctor en filosofía y ciencias de la educación era “un enemigo del Estado, de las políticas del Estado y de mis pares” Ese escrito, pobremente escrito, sin ninguna argumentación y lleno de odio al que piensa distinto lo tengo enmarcado en mi oficina y lo muestro con orgullo a los visitantes. Es un honor ser denostado por los que no tienen conocimientos ni honra. Por lo menos, nadie me muestra con el dedo en la calle.
El Ministerio de Educación designa a sus asesores y altos directivos atendiendo a los principios políticos del nepotismo y de las cuotas de poder que corresponden a cada partido político que gobierna. Esta situación ha provocado que algunos políticos dignos y respetables (hay varios, no lo dude) han rechazado estas prácticas y han señalado la voluntad de cambiar los procedimientos actuales, de manera que se vaya creando una meritocracia funcionaria que vuelva a traer la sensatez, la dedicación y la ilustración en una de las funciones más hermosas del Estado: la educación.
Segundo argumento: Lamentablemente, en Chile las leyes se negocian de acuerdo a los intereses de quienes gobiernan y de los partidos políticos, no de acuerdo a lo que quiere o necesita el pueblo. Veamos un ejemplo: Los escurridizos legisladores que aprobaron la nueva ley orgánica de educación, no se dieron cuenta que los principios que la justifican, escritos en el proyecto, no concuerdan con el articulado. Es un absurdo lógico, pero se entiende cuando nos damos cuenta que la introducción fue escrita por un grupo de expertos y el articulado por otro grupo, al parecer sin tomar en cuenta el triste hecho de las contradicciones. O sea que no saben comprender lo escrito. Pero, la educación tan pobre del país, ¿tiene alguna lógica? Parece que no y seguiremos ahora con un cuerpo legal tan malo como el anterior. Hasta ahora, la mejor ley que tiene el país, irreprochable en su contenido, en su coherencia y sin faltas semánticas, es la que rige los principios de la administración pública. Es que fue copiada textualmente de la correspondiente española.
Tercer argumento: No hay sanción moral ni administrativa para los que cometen faltas en el ejercicio de la función burocrática en educación.
Después de largos meses desde que se descubrieron los llamados elegantemente “errores en la administración” de las asignaciones educacionales para los colegios, aún no hay culpables, ni sanciones ni nada. El tiempo dicen los filósofos para andar por casa, todo lo borra y todo se olvida. Menos el no pagar impuestos.
Hace más de un año, al solicitar el cambio del Reglamento Académico, fui absolutamente ignorado por la autoridad, de tal manera que se venció el plazo que da a la autoridad la magnífica (no es broma) ley de principios de la administración pública. Para lograr lo solicitado, como con una lámpara maravillosa, hay que pedir un certificado a la autoridad correspondiente que diga que se venció el plazo y el ágil burócrata de turno debe informar en el plazo fatal de 24 horas a su superior inmediato, señalando su falta y éste, prontamente, y sin demora alguna debe acceder a lo pedido, ya sea dando por aprobado el asunto o extendiendo el Decreto correspondiente. Por supuesto que el funcionario afectado pensó que ni loco que estuviese para auto-acusarse ante el burócrata de alto rango, quien cómodo y bien pagado hacía una penosa digestión de buena comida en su recientemente remodelada oficina privada y no merecía, en virtud del mérito burocrático, ser molestado en tan grata tarea. Así las cosas, nada contestaron ni él, ni el superior ni la Sra. Ministra del ramo, poco dispuestos todos a cumplir con su deber. Ni siquiera se dieron el trabajo de responder por teléfono. Una amable secretaria me contestó excusas inimaginables: “que fulanito está almorzando (a las cinco de la tarde), que fulano está ocupado toda la semana con una delegación extranjera de alto rango que viene a aprender cómo hacer buena educación en sus pobres países; que los ministros no atienden cosas pequeñas, que al funcionario tal lo están por echar y está tan molesto que dice que me atienda el nuevo empleado; que la jefa con quien quiero hablar está hablando con la Ministra (y escucho que dice: dile que estoy ocupada) Así pasó el tiempo y estoy esperando que Contraloría de la República haga una investigación administrativa (van solamente siete meses sin que esa entidad responda a mi petición) lo que no me preocupa porque según la magnífica ley de administración también se le pasó el plazo y no tiene nada más que acceder a lo pedido.
